Por: Pablo Fernandez. Hace algunos años, en 2005, poco después del abrumador triunfo en las elecciones presidenciales Evo Morales declaraba su satisfacción por ser el primer indígena en dirigir un país donde la inmensa mayoría de la población nunca tuvo ni voz ni voto. Con su arribo al poder el líder cocalero prometió “defender los valores del pueblo boliviano” para recuperar la dignidad de los millones de indígenas que lo apoyaron. Pasaron varios años desde aquel episodio histórico y los problemas de la nación andina no disminuyeron.
En Bolivia, las diferencias entre las clases sociales (y étnicas) tradicionalmente arraigadas, se profundizaron y quedaron en evidencia luego del connato de conflicto que significó el intento fallido de Santa Cruz por obtener más independencia económica y autonomía política. La zona más prolífica del país, históricamente esquiva a los intereses de La Paz, no pudo con Evo Morales, quién defendió a ultranza a las comunidades autóctonas (segregadas) privilegiando el interés nacional sobre el regional. Una muestra de firmeza, en sinergia con sus promesas de campaña. Sin embargo, a pesar de los enormes avances socio-ambientales impulsados por el presidente, los problemas de fondo siguieron persistiendo en todos los campos y la dura lucha de los indígenas bolivianos no fue proporcionalmente compensada.
Frente al crecimiento descomunal de Brasil y ante la necesidad imperiosa de reactivar la economía del país, un nuevo proyecto sedujo a Morales y lo puso en consecuencia entre la espada y la pared. La construcción de una ruta que atraviesa la Amazonia boliviana formaría parte de un corredor bioceánico que uniría los puertos del Atlántico en Brasil y del Pacífico en Perú, y por ende contribuiría a aumentar la competitividad y las exportaciones del país cocalero. Un primer tramo, importante, se construyó con capitales brasileños salpicado de controversias por las denuncias de grupos ecologistas. No obstante, bajo enormes presiones la construcción de la segunda parte de la carretera prosiguió a pesar de la oposición de numerosos pueblos amazónicos, que derivaron en manifestaciones de protesta y una inusual respuesta del mandatario. Para Evo Morales estaba todo dicho, la obra debía proseguir a toda costa.
Ante esta decisión las comunidades compuestas principalmente por chimanés, moyas, mojeños y yuracarés, decidieron oponerse por la fuerza a la construcción del segundo tramo de la carretera entre Villa Tunari hasta San Ignacio de Moxos. Este emprendimiento cruzará el TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure) y se estima que el impacto ambiental será nefasto, no solo por el deterioro del ecosistema rico en fauna y flora, sino por el destino de varios pueblos autóctonos que allí habitan desde hace siglos. La protesta que derivó en una escalada de violencia, luego de la violenta represión policial en Yucumo el pasado 25 de setiembre, provocó la renuncia de la Ministra de Defensa Cecilia Chacón. Poco después Evo Morales convocó a iniciar un debate nacional que podría derivar en un referéndum para decidir si la construcción de la Carretera Cochabamba – Beni prosigue o se detiene.
“La Cruzada de Evo Morales por el medio ambiente parece un show” declaraba Adolfo Moya, presidente de TIPNIS. Parece contraproducente que el mismo dirigente que hace tres años conmovía a los jefes de estado de la cumbre sobre el cambio climático, se contradiga tan evidentemente. Ferviente impulsor del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) Morales parece haberse decantado ante el auge político y la necesidad de progresar económicamente que empuja Brasil. Así, en la construcción de esta carretera se encuentran entrelazados intereses comunes que divergen en envergadura. Por un lado las costumbres, el legado, la tierra y todo lo que en ella se encuentra; en frente, la ola incipiente del crecimiento y la posibilidad de reactivar una economía débil y marchita. La dignidad de los pueblos en jaque, la dignidad de la naturaleza en mate.
